La LAECAP y el cambio en el equilibrio de poder del estado omnisciente

Se ha escrito mucho sobre la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP), tanto, que a duras penas vale la pena escribir nada más. El Segundo Informe del Observatorio de Neutralidad Tecnológica es totalmente claro y conduntende sobre la situación actual de absoluto clientelismo tecnológico.
Por ello en este post me centraré en un aspecto relativamente poco comentado: el cambio del equilibrio de poder entre las administración y el ciudadano derivado de la LAECAP.
En política el control vende. Si uno sale por Madrid, se puede ver en los autobuses publicidad electoral del alcalde Alberto Ruiz Gallardón diciendo: «¡hey! pusimos 3.000 policias (municipales) más en la calle». Eso está bien ¿no? más seguridad. Lo que la gente normalmente no piensa es que esos 3.000 policias municipales extra aportan bien poco a la seguridad ciudadana y se dedican mayormente a poner multas a pequeños infractores. Si a uno le atracan quien se encarga es la Policia Nacional, y si sufre un accidente de carretera quien le ayuda es la Guardia Civil, cuyos colectivos profesionales, por cierto, últimamente se quejan de estar paupérrimamente equipados.
En el caso de la e-Administración, es crítico que se establezcan las garantías de los derechos de privacidad de los datos personales ya que, como señala el 2º informe del Observatorio, «El Estado omnisciente es el presupuesto del último grado del Estado Totalitario«.
En este sentido, resulta imprescindible que se establezcan criterios por los que, más allá de lo que expresa el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, se garantice que los datos personales sólo podrán ser cruzados por la Administración cuando lo disponga una ley o lo acuerde una resolución judicial.
Volviendo al tema que comentaba de tráfico, yo no tengo ningún interés en que el infame radar del tunel de Costa Rica me imponga 400€ de multa por circular a 80Km/h en un sitio limitado a 50Km/h y luego tenga la posibilidad de estar conectado vía Internet con Hacienda y con mi banco y me descuente automáticamente el importe de la infracción de la cuenta corriente si en 10 días hábiles no he hecho efectiva la sanción.
En el tráfico en concreto existe un proceso en espiral. El gobierno saca el carnet por puntos. Al principio la gente se asusta, pero al cabo de un tiempo los puntos se convierten en parte del paisaje, se buscan subterfugios legales para eludirlos, y todo vuelve a ser más o menos igual en un sistema de regulaciones que nadie cumple. Entonces el gobierno vuelve a la carga anunciando más radares y más vigilancia en las carreteras secundarias. Lo curioso del caso es que son muchos de los presuntos defensores de la libertad los primeros a quienes les parece bien este incremento del control, cuando es a ellos mismos a los primeros a quienes van a pillar.
Ya lo dicen José María Lancho Rodríguez y Julián Coccia, que «la finalidad y objeto de una norma no es el de multiplicar la capacidad del Estado para dictar y emitir actos y resoluciones sino la de garantizar el mejor contenido y acceso del ciudadano a los servicios públicos y esto exige liberarse de ciertas tentaciones como los procesos automatizados con resultados jurídicos».
Pero no sé porqué me da a mi que este gobierno tiene un regustillo regulatorio desmedido para todo (desde los toros hasta las hamburguesas). Para todo excepto para regular la desaparición del monopolio de facto de Microsoft. Y me parece que la interoperabilidad entre las administraciones públicas, antes que para eliminar las colas en las ventanillas bien podría acabar sirviendo sólo para fiscalizar aún más a la ciudadanía honrada.