Hacia la democracia directa

Agustín Yanel publicó una nota en la edición impresa de El Mundo del 24 de febrero, según la cual el Congreso de los Diputados acordó el día 23, a propuesta de IU-ICV, modificar la ley que regula la iniciativa legislativa popular, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos reunan firmas para proponer que se tramite o modifique una ley. El artículo 87 de la Constitución Española prevee la posibilidad de que los ciudadanos pidan al Congreso que tramite o cambie una ley si se reunen al menos 500.000 firmas. La novedad significativa es que las firmas podrán podrán ser recogidas por internet y tendrán la misma validez que las escritas en papel. El estado, además, dará una ayuda económica de 300.000 euros para los gastos de la campaña de recogida cuando efectivamente se realice. Otro cambio introducido es que los promotores de la iniciativa podrán acudir al Congreso para defenderla.
Puede parecer un cambio de regulación anecdótico, pero es de gran importancia porque de un tiempo a esta parte asistimos a una usurpación de poder popular por parte de los gobiernos de todos los paises y signos políticos. Estamos muy cerca de que el DNI electrónico sea una realidad y en ese momento, cuando todos los ciudadanos puedan dar su opinión sobre cualquier asunto simplemente apretando un botón los políticos ya no podrán sustraerse a la voluntad mayoritaría de la ciudadanía.
Lo único que no me convence es el tema de la subvención de 300.000€. Esto es porque podría dar lugar a un tipo de terrorismo de las encuestas mediante el cual una persona recoge firmas bajo lemas vacíos como, por ejemplo, «propuesta de ley para la paz». Es muy fácil reunir 500.000 firmas a favor de la paz ¿quién no desea la paz? El problema es que España es el pais de la picaresca donde siempre hay un listillo dispuesto a reunirlas para cobrar los trescientos mil euros y tener sus quince minutos de gloria en el Congreso.