Pintados para la Guerra (II). Las vergüenzas de una ley

Hace cinco meses, se desenterró el hacha de guerra con el asunto de Atarfe. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) anunciaba la apertura de expediente al Ayuntamiento de Atarfe en Granada por el servicio de Internet que se pretendía ofrecer a un precio mínimo (entre 3€ y 6€). En ese momento gran parte de la comunidad internauta se levantó para protestar por lo que se consideraba la aplicación de una legislación obsoleta y miope, al expedientar al ayuntamiento atarfeño por la creación de un proyecto piloto que pretendía ofrecer a los ciudadanos atarfeños la sociedad del conocimiento. Decenas de artículos se colgaron en la red para intentar dar otra visión sobre el problema que se contemplaba. Semanas más tarde, el ayuntamiento de PonteAreas era expedientado tras denuncia por parte de un cibercafé de la localidad gallega.
Justamente la semana pasada se daba a conocer la resolución del expediente contra los ayuntamientos de Ponte Areas y Atarfe donde se condenaba a ambos ayuntamientos a multas de 9.200€ y 5.200€ respectivamente por la prestación del servicio de un modo gratuito de acceso a Internet. Pero si la semana pasada se conocía estas multas simbólicas, la Asociación de Internautas publicaba la noticia sobre el cierre de la red municipal de Barcelona Sensefils que el Ayuntamiento de Barcelona comenzaba a implantar en enero de 2004.
El proyecto Barcelona Sensefils era una de las piedras angulares de la Concejalía de la Sociedad del Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona que entre otros temas mantiene diferentes políticas tendentes al fomento de software libre, uso social de las TIC, alfabetización digital, etc. No en vano, entre las líneas estratégicas de la Concejalía de la Sociedad del Conocimiento se encontraba en un lugar destacado la coordinación y desarrollo de para el desarrollo de la tecnología inalámbrica wireless en la ciudad de Barcelona.
Según reza el proyecto piloto, se implantaron más de 11 puntos de acceso a Internet repartidos por sendos distritos de la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona, la infraestructura permitía el acceso al portal municipal del ayuntamiento de Barcelona, y a 60 webs de la administración pública. La estrategia seguida por el ayuntamiento era la siguiente: El ayuntamiento había apostado por limitar el número de webs al que se podía acceder, pensando que así la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones lo vería como un servicio de interés público que no hacía la competencia a las operadoras privadas. Sin embargo, la respuesta de la CMT fue clara en palabras de un representante de la Concejalía barcelonesa: si queríamos arreglarlo, teníamos que constituirnos en operadora, cosa relativamente fácil, pero además querían que la red se autofinanciase, sin ingresos públicos. Hubiera tenido que dejar de ser un servicio gratuito y eso es irreal, porque es un proyecto público”. Es decir la advertencia de la CMT han surgido efecto por lo que el ayuntamiento de Barcelona se ha plegado ante las mismas. Los habitantes de Barcelona se quedarán sin poder acceder a determinados servicios públicos de una manera inalámbrica.
A vueltas con la competencia en el mercado
La ley que se está aplicando para conformar esta decisión, es la Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigor en noviembre de 2003. Esta misma ley establecía el objeto de la CMT: “el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados detelecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, confiorme a lo pevisto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicion como órgano arbitral de las controversias entre los mismos”
Téoricamente, si el Ayuntamiento de Barcelona se registrara como operador podría ofrecer el servicio siempre y cuando la red se autofinanciara. Indudablemente no negamos que la CMT no esté cumpliendo con la ley ya que el servicio es gratuito para los usuarios, pero la Ley General de Telecomunicaciones contempla la excepcionalidad de la prestación del servicio de una manera gratuita: en principio, no está prohibida la prestación grauita siempre que ello se haga de forma excepcional y no implique distorsiones ede la libre competencia
Excepcionalidad – ¿Distorsiona realmente la libre competencia?
Es una pura cuestión política lo que vemos ante esta nueva resolución de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Si se admite la excepcionalidad en algunas prestaciones gratuitas, ¿por qué no hacerlo en un caso como el del Ayuntamiento de Barcelona, que está prestando servicios municipales, así como acceso a otras 40 webs? ¿Qué otros ejemplos de excepcionalidad se pueden admitir que no sean tan claros como la prestación por parte del ayuntamiento de Barcelona de este servicio?
Pero no es sólo una cuestión de excepcionalidad, sino que se habla también de la libre competencia. Entendemos que si una persona se conecta a internet de una manera inalámbrica, se supone que éste ya de alguna manera está pagando su acceso, ya que de lo contrario, no contaría con el equipo necesario, bien sea a través de su casa, universidad o empresa. Es decir, de alguna manera, esta persona ya está propiciando el desarrollo de la Sociedad del conocimiento porque de alguna manera estará pagando el acceso a la red, de ahí que se haya provisto de equipo. Pero, lo que nos parece más obvio, ¿cuántas personas van a dejar de acceder a una conexión de ancho de banda porque el Ayuntamiento de Barcelona esté manteniendo este servicio?
Siendo así , ¿por qué no interpretar de otra manera la legislación de una manera más laxa? ¿Es que la propia duda no merece incluso la pena arriesgarse? ¿Cómo es posible que vayamos a dejar pasar la oportunidad de incentivar desde el Ayuntamiento la e-administración y por otra parte, se diga que se impulsará la Sociedad del Conocimiento? Antonio Jara, miembro del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y ex-alcalde de Granada, comentaba (ver video – sólo Windows Media –) ya lo advertía durante las I Jornadas de Redes Públicas de Telecomunicaciones de Atarfe http://www.atarfe.net/jornadas/. “La seguridad en este campo del conocimiento no debe ser el objetivo prioritario sino la inquietud, el debate, etc.”
Para Antonio Jara, lo importante se encuentra en que en los albores de este tipo de derechos, la inseguridad es lo que tiene que primar. ¿Cómo no entonces apostar por la excepcionalidad de este tipo de iniciativas máxime cuando parece que este servicio en concreto no va a dañar la competencia? España presenta unas enormes carencias en cuanto a infraestructuras y todas las partes envueltas necesitan desarrollar los servicios que garanticen los derechos de los ciudadanos. Pero el estado de la cuestión de las infraestructuras, totalmente débil en algunas zonas españolas, hacen que creamos que el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones no pueda quedarse sólo al arbitrio del mercado, porque entonces, sólo las hojas de cálculo de las operadoras de las telecomucaciones serán las que crean. Si sabemos que las infraestructuras en el siglo XXI son básicas, por qué no incentivar el mercado mediante la creación de infraestructuras mixtas, donde coexistas redes privadas, públicas y ciudadanas?
No podemos consentir que las operadores de telecomunicaciones nos sigan tomando el pelo, que doblen la velocidad de buenas a primeras, y que se pase de estar ofreciendo 40 euros mes y lanzar una oferta de poder ofrecer lo mismo a 10 euros. ¿Nos cobraban antes barbaridades o ahora nos cobran poco? Nos parece fenomenal la bajada de los precios, pero, qué ocurre con la clidad del acceso? Si queremos realmente disfrutar de servicios avanzados, necesitaremos de un mayor ancho de banda y no las cifras que hoy en día hablamos. Los coreanos lo están demostrando, ¿a qué esperamos entonces los españoles? Además, si esperamos a que sean los operadores privados los que monten la infraestructura, ¿cuánto tiempo va a tardar el mercado en implantar una zona inalámbrica en alguno de estos distritos? David de Ugarte en las famosas conferencias de Atarfe, ya advertía (enlace de video – sólo Windows Media -) de los peligros que corríamos al que se confundiera constantemente la prestación de servicios a usuarios con los derechos de los propios ciudadanos.
¿El problema? El pasotismo de los políticos
Si la herencia del anterior gobierno en materia de acceso a la Sociedad del Conocimiento fue nefasta en muchos de sus aspectos, estos primeros seis meses de gobierno socialista van por el mismo camino. En seis meses, las actuaciones del gobierno de Rodríguez Zapatero en materia de la Sociedad del Conocimiento son pírricas. Sus medidas han sido la devaluación del tratamiento de la Sociedad del Conocimiento al relegarla a una Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (que no del conocimiento ojo), anunció el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona, para complacencia de los socios de gobierno, sin ningún fundamento estratégico sólo el de las prebendas políticas, y en septiembre de 2004, presentaba la enésima campaña de comunicación dirigida a comunicar los beneficios de la sociedad de la información a la población en general y, en particular, a los colectivos que menos contacto han tenido con las nuevas tecnologías.
Cuando se trata de fomentar la Sociedad del Conocimiento, ¿qué mejor manera de promocionar la implantación de la Sociedad del conocimiento que los servicios que el Ayuntamiento de Barcelona estaba ofreciendo? Si una persona pasara por uno de los hotspots que se encontraban instalados y viera a la gente conectada a los mismos a través de sus ordenadores portátiles, ¿no querría el tener la posibilidad de hacer lo mismos? ¿no llegaría esta persona a comprarse su propio ordenador y pagar la conexión de Internet para tener acceso a la gran malla de conocimiento? Se desea lo que se ve es una de las máximas a as que siempre alude Antonio Rojo, concejal de Atarfe e ideólogo del proyecto Atarfe.net es Sociedad del Conocimiento al hablar de cómo promocionar la Sociedad del Conocimiento. Ver video de la ponencia – sólo Windows Media-
Además tal y como magníficamente recogía Antonio Jara. Por primera vez estamos done tenemos que estar [en relación al proyecto de Atarfe] y cuando tenemos que estar. Vivimos en un país que se saltó el siglo XVIII, que llegó muy tarde al siglo XIX, y que en el siglo XX le llovieron por todos lados. (…) Este es el nuevo urbanismo, estas son las nuevas ciudades. Ahí está el futuro de la democracia. Más allá de un posible técnica, o de ejecutividad de un proyecto, no hay mejor forma de fortalecer un Estado Social de hacer partícipe . Por eso este es el nuevo urbanismo. Nos pasamos mucho tiempo reconstruyendo la vida social. En los años 90 nos dedicamos a organizar los servicios públicos. A partir de ahora toca hacer Sociedad del Conocimiento. Esa es la única forma. Ya no valen los Planes de Ordenación Territoriales sino los Planes de Ordenación Comunicacional.
Pero estas palabras tan magistralmente pronunciadas por una de las personas más relevantes en el ámbito de la democracia municipal, no tienen su contrapartida en las políticas articuladas por parte de los responsables ministeriales. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre nuestra convicción de que la gran mayoría de los políticos españoles les importa un pepino las tecnologías, por desconocimiento y pasotismo de la imperiosa necesidad que la implantación de la Sociedad del Concocimiento participen activamente las más altas instancias políticas españolas.
¿Y qué ocurre si el nivel de inversión en infraestructuras está decreciendo rápidamente? ¿Nos quedamos sin estas inversiones? Según el Informe Anual de la CMT año 2003, la inversión en capital se ha visto reducida alarmantemente durante los últimos años. En el año 20001, Telefónica de España invertía un 18,8% del total de sus ingresos en capital; dos años después esta cifra se había visto reducida al 6,9%. Por su parte el resto de operadores (Auna, Retevisión, Colt Telecom, Jazz Telecom, etc.) habían pasado de un 68,8% de inversión en capital a sólo un 21,3% del total. ¿Qué hemos de hacer cuando la inversión en infraestructuras se ha visto reducida? ¿Qué ocurrirá con la llegada de las nuevas tecnologías como WiMax los operadores de telefonía móvil con licencia la dejan pasar de largo, para afianzar su ya obsoleta tecnología UMTS? ¿Se presionará para que se licencie el espectro? Lo que está claro es que los operadores no van a dejar de rentabilizar las inversiones realizadas.
No es una cuestión que se pueda dejar al mercado exclusivamente porque nos jugamos nuestro futuro, y no podemos en ésto ser más papistas que el papa como está siendo la CMT, en una maniobra que parece advertir, que el que se mueva en la foto, no sale. Nos parece perfecto que se fomente la libre competencia, pero ésto de que los ayuntamientos, no puedan ofrecer servicios que son valor añadido al ciudadano como el caso expuesto, raya lo grotesco. Como bien decía un lector de Barrapunto: Ya puestos, el ayuntamiento debería: Cerrar todas las fuentes de la ciudad, por si perjudican a las empresas de agua mineral; Suspender el alumbrado público, beneficiando así a los fabricantes de linternas; Dejar de organizar actividades socioculturales, que claramente perjudican a los empresarios hosteleros; Suspender el servicio de autobuses y metro, que perjudican a los taxistas.
¿Qué hacer? Soluciones a Corto
La actual ley de telecomunicaciones obliga a que el prestatario de los servicios de acceso a Internet se registre con elllos además de conseguir la autofinanciación de la red que se implemente. Por tanto, cumpliendo estos dos requisitos podrán hacerse. El problema de este tipo de sanciones, es que amedrentan a los políticos de turno que terminarán cerrando la red y dejando de prestar un servicio útil al ciudadano, con una relación calidad y coste que no tiene parangón con otro tipo de servicios municipales.Por eso los ayuntamientos tienen ante si la posibilidad de armar otro tipo de estrategias para que puedan seguir apostando porque las ciudades despeguen en el siglo XXI.
Desde estas líneas proponemos que el ayuntamiento sea capaz de capitalizar las ingentes cantidades de dinero que manejan, y que, dada la escasa cuantía de implantar una red wireless de estas características, que escojan a una empresa pequeña de telecomunicaciones, y que gracias a acuerdos de cross-marketing con empresas proveedoras de servicios al ayuntamiento, puedan financiar unos €12.000 que costó la implantación de estos accesos así como destinar otro tanto anualmente para el mantenimiento de la red.
Por ejemplo, el ayuntamiento de Córdoba se ha gastado 2,4 millones de euros en alumbrado público durante el año 2003. Cómo es posible que no se pueda destinar el 1% de esa cantidad a infraestructuras de telecomunicaciones? Si a las empresas constructoras “les obligan” a la construcción de todo tipo de infraestructuras alrededor de las promociones urbanísticas que estos emprenden, por qué no pedir la construcción de la red WiFi?
Soluciones a Medio Plazo
Antonio Rojo también lanzaba una idea, que al hilo de la resolución contra el Ayuntamiento de Barcelona, se debería reflexionar por parte de los poderes públicos. Dejar al sector público que ofreciera las velocidades de acceso más bajas (256 K/s) y dejar a los operadores privados las velocidades de acceso más altas. (Video de la ponencia -Sólo Windows Media-)
Muchos frentes abiertos
Los ciberderechos se encuentran totalmente amenazados por parte de los grandes lobbys de presión y soportados por políticos que no entienden o no quieren entender de la importancia del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Los ataques no son sólo relativos a la prestación de servicios del siglo XXI, sino que van desde la llegada del nuevo Código Penal, patentes de software, redes P2P, etc. Sólo en las cuestiones de patentes de software, se logró ganar la batalla aquí en España y demostró que el poder de muchos, es un arma que debemos utilizar, y este tipo de resoluciones, nos incitan a la rebelión de la comunidad.
Sin embargo, tenemos demasiados frentes abiertos y eso es lo que nos preocupa. Las empresas, gracias al control del capital relacional que mantienen, son capaces de hacer transmitir sus ideas a los gobernantes de turno, y que sólo sean escuchados sus argumentos, tal y como está ocurriendo hoy en día con el tema de los contenidos digitales y el control del mismo por parte de las sociedades de gestión de derechos de propiuedad intelectual, sin pararnos a hablar de la calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones.
Por eso, las reacciones de ciberactivismo son necesarias, desde la recogida de firmas por unas infraestructuras básicas de telecomunicaciones de calidad, pasando por organizacion de decenas de eventos, para que los políticos se den cuenta que la época en la que hacían y deshacían a su antojo ha cambiado. Que nos estamos jugando el futuro de España y que no podemos consentir que, en aras de la libre competencia, una persona no pueda acceder inalámbricamente a servicios municipales, desde la plaza de su casa, mientras se toma un refresco en el bar.
Por eso tenemos que ir a por ellos, porque son pocos además de en muchos casos cobardes e ignorantes, por no tener la gallardía de coger el toro por los cuernos y apostar por el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, que no es poco, sino el futuro español.

Compartir:
  • Twitter
  • Meneame
  • Facebook
  • Google Buzz
Esta entrada fue publicada en Patrimonio Común de Innovación. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *